El Gobierno de Milei utilizó los términos “débil mental”, “idiota” e “imbécil” en una resolución sobre discapacidad

Fue en el decreto de modificación de la normativa para otorgar prestaciones a las personas con discapacidad, publicado en el Boletín Oficial el pasado 16 de enero. La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) denunció que el Ejecutivo retrocede un siglo en derechos y viola la Constitución y acuerdos internacionales.

El Gobierno de Javier Milei ha modificado la normativa para otorgar prestaciones a las personas con discapacidad. La reforma, en el anexo de Psiquismo, reemplaza los niveles de discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda por términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental profundo, moderado o leve”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Nación el pasado 16 de enero, fue elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), entidad encargada de garantizar la continuidad de los programas que benefician a las personas con discapacidad en el país. La resolución ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones que representan a este colectivo, calificándola de arcaica, discriminatoria y contraria a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las que Argentina está suscrita.

La ANDis ha respondido a las críticas a través de sus redes sociales. En una publicación, reconoció que fue un error emplear “términos de la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual que, en la actualidad, han sido discontinuados”. La agencia aseguró que la reforma y su anexo serán modificados para alinearse con los estándares médicos y normativos vigentes.

Fragmento del decreto con los términos estigmatizantes, publicado en el Boletín Oficial de la República el 16 de enero.

La escala de evaluación es una copia de la utilizada en un decreto firmado en 1998 por el expresidente Carlos Menem, a quien Milei ha citado como inspiración. La normativa, titulada “Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores”, establecía una metodología para determinar el grado de incapacidad de quienes solicitaban una pensión por invalidez. Años después, esta regulación fue modificada para adecuarse a los requerimientos de la ONU.

Repercusiones en la provincia de Santa Fe

Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) alertaron sobre la gravedad de la medida, que consideran un retroceso de casi 100 años en materia de salud mental y lucha contra la discriminación.

"Esto es un golpe directo a los derechos de las personas con discapacidad, desconociendo la evolución del país en términos de inclusión y respeto", expresó la presidenta de Apridis, Mariel Chapero.

Recortes en el sistema de atención a la discapacidad

Esta medida se da en el contexto de una auditoría masiva llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de revisar las pensiones no contributivas por invalidez laboral y determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos.

Desde Apridis señalaron que, si bien los controles son necesarios, el presupuesto 2025 contempla una reducción de recursos respecto a 2024, lo que podría afectar a 170.000 pensiones menos.

Además, advirtieron que la pensión no contributiva no es solo una ayuda económica, sino que permite el acceso al Programa Federal Incluir Salud, que garantiza prestaciones esenciales para personas con discapacidad.

"La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional en Argentina y este tipo de medidas van en contra de lo que se ha avanzado en materia de inclusión", remarcaron desde Apridis, exigiendo que el Gobierno revise de inmediato esta decisión.