Los trabajadores viales alertan sobre la retención del 42% del presupuesto 2024 por parte del Ejecutivo nacional, mientras el gobierno avanza con la privatización de más de 9.000 km de rutas nacionales.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció un grave desfinanciamiento en Vialidad Nacional, con la retención del 42% del presupuesto asignado para 2024. Según el gremio, de los $604.738 millones aprobados, el Ministerio de Economía solo liberó $254.540 millones, dejando al organismo con serias dificultades para operar y cumplir sus funciones esenciales.
Graciela Aleñá, titular del sindicato, advirtió que esta situación afecta directamente el mantenimiento de la red vial y la conectividad del país, paralizando obras fundamentales.
Para Aleñá, el desfinanciamiento responde a una estrategia gubernamental que busca debilitar Vialidad Nacional para justificar la privatización de tramos clave de rutas, algo que en el pasado resultó en fracasos y mayores costos para los usuarios.
En este contexto, el gobierno nacional anunció, mediante el decreto 28/2025, el inicio del proceso de privatización de más de 9.000 km de rutas nacionales, comenzando con la licitación de la "Ruta del Mercosur". Este corredor estratégico incluye las rutas 12 y 14, los accesos a pasos fronterizos con Uruguay y Brasil, y el tramo Rosario-Victoria. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir el gasto público en aproximadamente 6.100 millones de dólares a largo plazo, eliminando subsidios a concesiones deficitarias.
El plan de privatización abarca el 20% de la Red Vial Nacional, que concentra el 80% del tránsito vehicular. Desde el gobierno aseguran que el nuevo esquema garantizará el mantenimiento, ampliación y explotación de las rutas sin necesidad de aportes estatales. Sin embargo, desde el sindicato critican que esta medida traslada los costos a los usuarios y compromete el desarrollo federal, ya que afecta la capacidad del Estado para garantizar la conectividad en todo el territorio.
“Vialidad Nacional y sus trabajadores tenemos un rol estratégico para el desarrollo y la integración del país. Vamos a defenderla por encima de cualquier interés político o económico”, sostuvo Aleñá, quien acusó al gobierno de "apostar a un nuevo desastre" con la privatización de rutas ya concesionadas en el pasado, donde el modelo fracasó.
El debate sobre el futuro de la infraestructura vial pone de manifiesto tensiones entre la necesidad de ajustar las finanzas públicas y el impacto social de estas decisiones, que involucran uno de los principales sistemas de conectividad y comercio del país.
Con información de La Capital
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